La figura del Coordinador Parental ha sido protagonista de numerosas noticias publicadas en las últimas semanas, en diferentes medios de comunicación, en las que organismos, instituciones y otras entidades demandan profesionales especialistas en Coordinación de Parentalidad para intervenir en los procesos de divorcios conflictivos en los que hay menores afectados.

Hoy recopilamos algunos titulares, insistiendo en la necesidad de una formación especializada y reglada para estos profesionales.

Nunca antes se había hablado tanto en los medios sobre esta figura del Coordinador Parental como desde que la Fundación Filia diera inicio, en enero de este año, el primer curso de Postgrado de “Especialista en Coordinación Parental”, a nivel nacional.

En 2017, en nuestro país, se divorciaron, separaron u obtuvieron la nulidad civil un total de 102.341 parejas (un uno por ciento más que en el año anterior). Según datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se calcula que el 20% de estas separaciones y divorcios fueron de alta conflictividad.

Cada año hay más de 100.000 niños que se ven envueltos en los procedimientos judiciales porque algunos progenitores no son capaces de solventar los problemas cotidianos y llegar acuerdos porque uno de los dos decide obstruir el vínculo con los hijos y se ven obligados a recurrir al juzgado por incumplimiento reiterado.

Esto consume mucho tiempo, esfuerzo y recursos judiciales. Es por ello, que jueces, abogados y hasta Justicia proponen la figura del Coordinador Parental para mediar en estos casos de conflicto.

Una figura novedosa en España, pero con amplia experiencia en el extranjero, que surge hace dos décadas en Estados Unidos y en Canadá, donde, en un sólo año, se redujeron un 75% el número de litigios por alta conflictividad. Un éxito que se extiende rápido a otros países como Francia y el Reino Unido.

En España, el punto de inflexión se marca en el año 2015 cuando, por primera vez, un juez, en Cataluña, dictó sentencia derivando a una familia a un Coordinador Parental. Es entonces cuando la Generalitat de Catalunya, con el asesoramiento de la Fundación Filia, especializada en este ámbito, presentó el primer programa piloto de intervención del que salen los primeros 20 Coordinadores Parentales de Cataluña.

La intervención de Especialistas en Coordinación de Parentalidad viene establecida por un juez en ejecución de sentencia y que, a diferencia del mediador, no asume el principio de voluntariedad, ni del “multi litigio” por lo que es de obligado cumplimiento para las partes. Además, está especialmente formado y especializado en los procesos de divorcios de alta conflictividad.

Pero la principal novedad es que el Coordinador Parental trabaja con las familias durante un plazo de tres meses, prorrogable a otros tres, con el fin de asegurar que se cumple la sentencia y el Plan de Parentalidad. Además, se puede entrevistar con el entorno del menor con el fin de recabar la mayor y más veraz información posible. Posteriormente, elaborará un informe que ayudará al juez a la toma de decisión.

Ahora, el reto en España es hacer extensible esta figura y cubrir la falta de profesionales especializados en Coordinación de Parentalidad. Por ello, la Fundación Filia ha implantado la primera formación oficial especializada en nuestro país sobre la intervención de esta nueva herramienta judicial en la alta conflictividad familiar y en el ámbito de la Protección del Menor. En un inicio en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, para seguir su expansión en otras Universidades.

En junio se graduaron los primeros especialistas en Coordinación Parental y en tan sólo unos días, comenzará un nuevo curso de Especialista en Coordinación de Parentalidad. La primera y única formación con homologación acreditada en nuestro país, en la que Fundación Filia aporta la experiencia de su Obra Social basada en la especialización de la intervención mixta en Interferencias Parentales.

Un importante paso hacia adelante que ayudará a prevenir y a curar las heridas de una infancia dañada, reduciendo, lo máximo posible, el número de las víctimas más silenciosas que se esconden tras los procesos de divorcios conflictivos: los hijos.

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