El Coordinador Parental: qué es y en qué se diferencia del Mediador

Hasta hace dos años, en España no se contaba con la figura profesional del Coordinador Parental. Se trata de un experto que interviene a petición de un juez en los procesos judiciales de Alta Conflictividad Familiar con el objetivo de velar por el cumplimiento de las sentencias y del Plan de Parentalidad. Una labor que va más allá del Mediador, el rol habitual que, hasta 2015, gestionaba estos conflictos en España.

¿En qué se diferencia el Coordinador Parental del Mediador?

Tras dos años de su llegada a España, cada vez son más los juzgados que piden la intervención de un Coordinación Parental a la hora de dictar sentencia. Pero la realidad es que en nuestro mercado aún hacen falta más profesionales especializados en esta función y las herramientas existentes, como el Mediador, se quedan escasas ante esta nueva realidad.

Tanto el Coordinador Parental como el Mediador deben ser profesionales formados en habilidades de Mediación y conocimientos de legislación en Derecho de Familia y Menores. Además, ambas son de carácter temporal, es decir, su labor se determina a un tiempo específico.

Sin embargo, el Coordinador Parental es un grado superior, una especialización más con respecto a la intervención del Mediador. Con nuevas y diferentes responsabilidades que le hacen ser considerado como una intervención pericial. Las principales diferencias son:

  • Los Coordinadores de Parentalidad requieren una mayor especialización en temas de derecho procesal familiar y formación adicional en psicología e intervención social así como formación específica de la función.
  • Además, tienen la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias judiciales sobre custodia y régimen de visitas. Esto supone una ampliación del Mediador, ya que estos se limitan a revisar el cumplimiento del acuerdo adoptado tras las sesiones de mediación, finalizando ahí su gestión.
  • El Coordinador Parental es una figura intrajudicial que emite un informe que podrá desplegar sus efectos en el proceso judicial. Mientras que la mediación también se puede desarrollar de manera privada o extrajudicial.
  • El Coordinador Parental está investido de una función pública de autoridad, sujeto al régimen jurídico del funcionario público en ejercicio de las responsabilidades de su cargo.
  • El Coordinador Parental es de obligado cumplimiento y viene determinado por un Juez.
  • El Coordinador Parental tiene potestad para entrevistarse con el entorno del menor, no solo familia extensa, sino también profesores, tutores, pediatras o médicos en caso de ser necesario.
  • Otra diferencia entre ambas figuras consiste en la duración de cada caso, mientras que en los conflictos tratados en mediación la media de sesiones para resolverlos oscila entre 8 y 12 como máximo, dependiendo de la complejidad del asunto, la intervención del Coordinador de Parentalidad tiene una duración de tres meses con prórroga de otros tres.

Situación actual en Coordinación de Parentalidad en España

Hablamos por lo tanto de una figura relativamente nueva. En 2015, Fundación Filia, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, lanza una primera prueba piloto, pionera, para implementar esta figura intrajudicial. Así, se forman los primeros 20 Coordinadores Parentales de España.

La experiencia de países como Canadá o Estados Unidos, en los que esta figura funciona desde el 2003, constatan la necesidad y la eficacia de la intervención de un Coordinador de Parentalidad en los divorcios conflictivos. Ayudan a minimizar el impacto de estos cambios en los menores y a evitar posibles maltratos psicológicos, entre otros.

Lucía del Prado, Presidenta de la Fundación Filia que lideró la primera presentación de este rol profesional en España, explica: "El Coordinador Parental da luz a estos niños que se encuentran en medio de una separación o divorcio porque su principal objetivo es velar por protegerles".

El Coordinador Parental, ya que se trata de una figura intrajudicial, actúa como una prolongación del juez tras dictar sentencia. Por eso, ayuda a reducir el coste económico de estos procesos. "No podemos olvidar que un 20% de los divorcios en nuestro país son considerados de Alta conflictividad y que sólo estos, consumen el 90% de los recursos judiciales totales, lo que impide que las sentencias sean ágiles", aclara Lucía del Prado.

La experiencia de Estados Unidos, donde se redujeron un 75% los litigios judiciales en un solo año desde que comenzaron a actuar estos profesionales, avala su efectividad.

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